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Buenas prácticas
(para optimizar ancho de banda limitado)
 
 



Pronunciamiento

Nos preocupa suponer que el uso de Internet pueda ser considerado una posible actividad superflua para la actividad académica y universitaria, como señala el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el sector público nacional, publicado el miércoles 22 de marzo de 2009 en Gaceta Oficial (Decreto Nº 6.649). El carácter colaborativo, de libre acceso a la información y de intercambio horizontal sin diferenciación entre países ha hecho de Internet un bastión ya natural de la ciencia. Venezuela forma parte de diferentes proyectos internacionales de investigación soportados en el uso de Internet, sin cuya participación hubiera sido imposible lograr medir nuestras capacidades y generar aportes en determinadas áreas del conocimiento como la medicina, la biología y la geografía. El Centro Nacional de Innovación Tecnológica y la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales, canalizan nuestra participación como país en la Red de Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (RedCLARA), cuyo propósito es posibilitar una investigación del más alto nivel en América Latina, conectando a la comunidad científica con sus pares en Europa, Asia Pacífico y Norteamérica y permitiendo el acceso a bases de datos e instrumental científico y de laboratorio de todo el mundo. Esperamos que la sustentabilidad de proyectos universitarios y del sector público, basados en el uso de las tecnologías de la información, no se vea comprometida por el recorte presupuestario.

Compartimos la preocupación del gobierno nacional acerca de la necesidad de disminuir el gasto público. Pero creemos inconveniente disminuir el presupuesto estimado para el uso de Internet, así como de plataformas tecnológicas que lo sustentan, por cuanto estas inversiones contribuyen al uso óptimo de los recursos en la administración pública, la salud y la educación. Proponemos la consideración de otros mecanismos para racionalizar costos, que no dificulten el normal desarrollo de proyectos de Internet en las instituciones públicas.

Internet es un instrumento necesario para el desarrollo social y el libre acceso al conocimiento. En tal sentido exhortamos.

  • Eliminar el uso de Internet del Decreto de la Presidencia de la República mediante el cual se dicta el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el sector público nacional, publicado el miércoles 22 de marzo en la Gaceta Oficial (Decreto 6.649), porque no es mecanismo idóneo para optimizar la inversión en el desarrollo y apropiación de las Tecnologías de Información.

  • Mantener la condición de Internet como prioritaria, decretada por el Ejecutivo Nacional en el Decreto N° 825.

  • Decretar Políticas de Buenas prácticas de Internet para el ahorro de ancho de banda en las instituciones públicas y desarrollar medidas de uso de Internet, estrictamente institucionales, con el fin de racionalizar el uso del servicio.

  • Desarrollar tecnologías asociadas al uso de Internet que permitan optimizar los recursos públicos y fomentar educación institucional para sus aplicaciones efectivas.

Al someter el uso de Internet a consideración de la Vicepresidencia Ejecutiva , como es obligación según mandato del decreto, se está contraviniendo las Políticas Públicas del Estado venezolano, puesto que Internet fue declarada prioritaria en el Decreto N° 825 y los esfuerzos han concentrado su uso para el beneficio de la eficiencia en la administración pública, la salud y la educación. Tal medida podría afectar el desarrollo de proyectos vinculados a las Tecnologías de Información

Como uno de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales 2007-2013 se encuentra la optimización de procesos administrativos e impulso del gobierno electrónico mediante el uso de las Tecnologías de Información, del cual Internet es el eje fundamental. En la práctica, se ha avanzado considerablemente en gestiones como la solicitud de pasaportes, pago de impuestos, revisión de datos públicos para la contraloría social y otras actividades que hacen ver la introducción del uso de Internet como condición cada vez más natural en el aparato público.

El Estado aprobó la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y la Ley Especial sobre Delitos Informáticos, que constituye un marco legal de avanzada para los novedosos mecanismos de transacción a partir de la comunicación electrónica. Con la aplicación de esta ley y estrategias similares, se estima que podría generarse el ahorro de más de 80% en recursos como papel, carpetas, ganchos, tinta e implementos de oficina, gracias a las comunicaciones electrónicas, en lugar de registros tradicionales de la información en la gestión pública. La inversión reciente de 400 millones de dólares en el Satélite Simón Bolívar es un claro ejemplo de la confianza en las Tecnologías de Información en el desarrollo de proyectos sociales. La sustentabilidad y optimización de estas ideas dependen en gran medida de que Internet siga siendo considerada prioritaria.

Proponemos que se apliquen políticas que estimulen una cultura institucional para el desarrollo de actividades como videoconferencias para reuniones y acuerdos, y el uso de tecnologías como Voz sobre IP, por citar ejemplos que permitirían ahorros considerables en facturas telefónicas y gastos de viáticos. Además, decretar buenas prácticas de Internet para el ahorro de ancho de banda en las instituciones públicas y desarrollar medidas de uso de Internet, estrictamente institucionales, son medidas que ayudarían a racionalizar el uso del servicio.

Las Cumbres Mundiales de la Información (Ginebra, 2003; Túnez, 2005) han apuntado a diseñar planes estratégicos para impulsar las TIC. El Compromiso de Río y el Plan de acción eLAC 2007 demuestran la importancia del tema para América Latina y El Caribe. El Componente TIC del Proyecto Andino de Competitividad, también promueve políticas al respecto. Venezuela debe seguir al frente de estas posibilidades, fortaleciendo políticas públicas en el tema.

Así lo suscribimos, a los veintitrés días del mes de abril de 2009. (Firmantes disponibles en la web)


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